Preocupante, por decir lo menos, es la situación que se viene registrando en el Canal Telecaribe.

En los últimos años la administración del Canal ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias sobre el manejo que se le ha venido dando a los procesos de contratación.

De manera reiterada ha existido un denominador común en esas críticas y denuncias: la concentración de la contratación en unos cuantos, así se quieran disfrazar los procesos con una aparente “descentralización”.

Pese a ello, todo indica que nada cambia en el Canal o quizás la situación es cada vez peor, ahora bajo la gerencia de Juan Manuel Buelvas.

Es, al menos, lo que se evidencia en el más reciente episodio tras los cuestionamientos que la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico (Acsa), Protransparencia y el Colegio Nacional de Periodistas, hicieron a las licitaciones abiertas por el Canal Telecaribe para la adjudicación de los espacios de opinión.

En la práctica, las objeciones están dirigidas hacia un presunto direccionamiento de los procesos, las exigencias no tan claras en los mismos y la forma de calificar a los proponentes.

En un proceso que debería estar rodeado de los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva, bienvenidas serían las observaciones que formulen los interesados en dichos procesos, a efectos que los mismos se desarrollen con equidad y honestidad.

Sin embargo, esto no parece ser el propósito del Gerente Juan Manuel Buelva frente a los citados procesos. Y esa es la razón de ser las objeciones planteadas por las agremiaciones periodísticas y de veeduría ciudadana.

Peor aún resulta el hecho de que, como consecuencia de esos cuestionamientos, recogidas por los medios de comunicación, se adopten decisiones unilaterales y arbitrarias, como la cancelación de espacios en el Canal que se han atrevido a recoger y formular esas críticas.

Es lo que acaba de ocurrir con Versión Libre, espacio que se emite a las 10 de la noche, los martes, por el Canal Telecaribe y que dirige el periodista José Gómez Daza.

No se necesita hacer un mayor análisis para concluir que la decisión del Gerente Juan Manuel Buelvas corresponde a una clara retaliación y, lo más grave, a una abierta, indignante y reprochable censura de prensa, que merece el rechazo de todas las agremiaciones periodísticas de la Región Caribe y el país.

Es inaceptable que estas situaciones se presenten en el Canal en medio de un proceso licitatorio que, en el mejor de los casos, arrancaría en julio de 2018, lo que permitiría, además, una prórroga del espacio, hasta esa fecha, mientras inician los nuevos programas. Cualquier excusa para no hacerlo indudablemente refleja, a todas luces, una persecución.

En esta caótica situación del Canal los siete gobernadores de la Región Caribe, fundamentalmente, tienen alto grado de responsabilidad, además que las decisiones del Gerente Juan Manuel Buelvas, los comprometen de manera solidaria.

Como miembros de la Junta Administradora, los mandatarios seccionales no pueden sustraerse de lo que ocurra en Telecaribe, así acostumbren a enviar delegados a las sesiones, demostrando con ello el poco interés por el Canal.

Los hechos también ameritan el riguroso seguimiento de los entes de control para evitar una catástrofe en el mejor vehículo de integración de la Región Caribe.

Con estas actitudes, el actual Gerente en vez de cumplir con el postulado central del Canal, de integrar la Región, lo que busca es causar interferencias en una mala señal que puede llevar, a la postre, con apagar Telecaribe.